Cannabis Medicinal en Hurlingham: Adrián Eslaiman en el Informativo Regional

Charla telefónica con el concejal del FDT a raíz de la ordenanza aprobada en el HCD y promovida por Annada Cultiva.

El Concejo Deliberante de Hurlingham aprobó una ordenanza que faculta al gobierno comunal al cultivo público y comunitario de plantas cuyos derivados podrán ser destinados tanto para la investigación como para el tratamiento de personas que necesiten aceite o derivados, y de manera gratuita.

La iniciativa nació por la demanda de la ONG local Annanda Cultiva, formada por padres y madres de chicos y chicas con enfermedades complejas y en tratamiento con dicho óleo.

“Esto demuestra cuando la comunidad y sus representantes trabajan en común. Hemos avanzando en muchos proyecto producto del diálogo con la misma”, dijo Adrián Eslaiman concejal del Frente de Todos, y  enumeró el caso de la ordenanza contra el maltrato animal, el Código de Ordenamiento Urbano, además de un pedido en principio, por parte del bloque del Frente de Todos para visibilizar y exigir al Congreso Nacional el tratamiento de la ley de Fibrosis Quística, “viven muy poco los chicos que tienen esta enfermedad y menos si no tienen el tratamiento médico adecuado”.

Hay otros dos distritos que tienen una legislación similar, General Lamadrid y San Vicente. La diferencia es que en ambos se autoriza la producción solo para uso científico, no para tratamientos. En el caso de Hurlingham, la ordenanza aprobada por unanimidad habilita al gobierno municipal a desarrollar “un cultivo comunitario con fines investigación y establece que los derivados de ese cultivo permitan incorporarse al sistema público, y se den para el tratamiento de enfermedades”. En este sentido se impulsó, también, la creación del Laboratorio Municipal de Especialidades Medicinales en el cual la sustancia podrá ser elaborada. Para ello crea un Consejo Consultivo del Cannabis Medicinal integrado por familiares de usuarios, profesionales de la temática, funcionarios, organizaciones sociales, universidades y el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), que garantizarán la transparencia y los derechos sanitarios de la población.

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