Gobierno argentino planea reducir la edad de imputabilidad y presenta ley anti-mafia
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, anunció recientemente la intención del Gobierno argentino de avanzar con la reducción de la edad de imputabilidad, una medida que podría incluir incluso a menores de 14 años.
Esta declaración ha generado un intenso debate en la sociedad argentina sobre la justicia penal juvenil y los derechos de los menores en conflicto con la ley.
Durante su intervención en el Senado, Posse afirmó: “Un delito de adulto merece una pena de adulto”, respaldando así la propuesta de reducción de la edad de imputabilidad. Esta postura ha sido respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien señaló que el Gobierno está considerando la posibilidad de establecer la edad de imputabilidad en 14, 13 o incluso 12 años, dependiendo de la gravedad del delito.
Además de esta medida, el Gobierno también ha anunciado la presentación de una ley anti-mafia, inspirada en las legislaciones vigentes en Estados Unidos e Italia. Esta ley busca combatir la criminalidad organizada y fortalecer las herramientas legales para enfrentar este tipo de delitos en Argentina.
El proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil, según informó el Ministerio de Justicia, reconoce el principio de especialidad y deja en manos de las provincias la decisión sobre la creación de un fuero especial juvenil.
En el ámbito de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establecerá un sistema especializado para el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal, en línea con los estándares internacionales y los derechos de los niños.
Sin embargo, estas medidas han generado preocupación en diversos sectores de la sociedad.
En diálogo con ADN Regional Valeria Mustoni, integrante de Correpi, expresó su inquietud sobre el avance de estos proyectos, destacando que algunos de ellos ya están siendo tratados en comisión en la cámara de Diputados.
Mustoni advierte sobre la posible criminalización de la protesta y la pobreza, lo que podría generar tensiones sociales adicionales en un contexto de creciente precariedad económica.
La falta de inclusión de estas propuestas en la ley base aumenta la probabilidad de su aprobación, según señala Mustoni.
La ministra Bullrich ha argumentado que la reducción de la edad de imputabilidad podría ayudar a prevenir la reincidencia en delitos menores, aunque esta postura también ha generado críticas por parte de quienes defienden los derechos de los menores y cuestionan la efectividad de esta medida como herramienta de prevención del delito.
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