Histórica Condena por Lavado de Activos Relacionado a la Dictadura
En un fallo sin precedentes, la justicia argentina condenó a los hijos del represor Miguel Save por lavado de activos, marcando la primera vez que se juzga este delito en relación con dinero robado durante la última dictadura cívico-militar.
Marcelo Leonardo, María Natalia, María Eugenia y Ana María Save fueron sentenciados a pagar más de 10 millones de pesos cada uno.
El Tribunal Federal N°1 de Mar del Plata determinó que los inmuebles en Chascomús, adquiridos con dinero robado por su padre, deben ser decomisados y entregados a la provincia de Buenos Aires.
Estos bienes serán utilizados para tareas vinculadas a la memoria del terrorismo de Estado, según lo destacó el juez Roberto Falcone.
Este fallo se enmarca en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, esenciales para honrar a las víctimas de la dictadura, a pesar de las negaciones de estos crímenes por parte del actual gobierno nacional.
El Caso de Miguel Save
Miguel Save, miembro de la “Patota de Aníbal Gordon”, robó más de dos millones de dólares en 1976 tras secuestrar al dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez.
Con este dinero, Save compró terrenos en Chascomús, que sus hijos escrituraron tras su muerte en 2006 mediante maniobras irregulares.
La adquisición de estos terrenos, que abarcan 35 hectáreas a orillas de la laguna de Chascomús, se hizo con el dinero proveniente del secuestro y asesinato de Mechoso Méndez.
Importancia del Fallo
Este fallo es histórico porque es la primera vez que se condena a personas por lavar activos relacionados con el dinero robado a una víctima de la dictadura.
El proceso de demostrar el origen ilícito del dinero y su utilización en la compra de bienes es complicado, pero en este caso, la justicia pudo establecer claramente el vínculo. Este logro es significativo en la lucha por la justicia y la reparación de las atrocidades cometidas durante la dictadura.
Impacto y Futuro
La sentencia no solo busca castigar a los responsables, sino también recuperar y reutilizar los bienes obtenidos ilícitamente para contribuir a la memoria histórica y la justicia social. La entrega de estos inmuebles para tareas relacionadas con la memoria del terrorismo de Estado es un paso importante hacia la reparación y la consolidación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina.
ADN Regional dialogó con Verónica Bogliano, directora de querellas y crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires y esto decía:
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