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“El gobierno limita el acceso a las pensiones por invalidez y es totalmente regresivo”

Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), advirtió sobre las preocupantes medidas regresivas del gobierno en relación a las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Durante una extensa entrevista con ADN Regional, Troiano analizó cómo estas políticas vulneran los derechos que se habían logrado en las últimas décadas y profundizan la exclusión social de este colectivo.

Retroceso a las políticas de los 90

Troiano explica que, históricamente, las pensiones para personas con discapacidad se otorgaban a quienes sufrían accidentes laborales que les impedían seguir desempeñando sus tareas. Sin embargo, en 2006, se amplió el acceso a este derecho a todas las personas con discapacidad, independientemente de cómo adquirieron la invalidez. «Lo que está haciendo este gobierno es volver al decreto 432 del año 1997, que otorgaba estas pensiones solo a personas con una invalidez laboral superior al 66%. Este retroceso no tiene en cuenta los avances que logramos con la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y su rango constitucional en 2014», afirma la presidenta de REDI.

El cambio propuesto por el gobierno actual limita el acceso a las pensiones a aquellos que no pueden trabajar en absoluto, lo que ignora la complejidad de la discapacidad y sus diferentes niveles de afectación. Troiano enfatiza que “no es que no puedan trabajar, es que no deben trabajar según esta nueva normativa; pero el problema es que la barrera no está en la capacidad de las personas, sino en las condiciones sociales que les impiden acceder a un empleo digno”.

Barreras que invisibilizan la capacidad laboral

Uno de los aspectos clave que señala Troiano es la confusión que persiste entre discapacidad e incapacidad. “El gran problema es la barrera actitudinal que existe en la sociedad: pensar que tener discapacidad es lo mismo que ser incapaz. Todos tenemos capacidad para hacer diferentes cosas, con o sin discapacidad. Lo que varía son las oportunidades y las barreras que la sociedad pone para acceder a ellas”, explica.

En ese sentido, las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad son amplias y diversas: “Si una persona que usa silla de ruedas no tiene acceso a un transporte público accesible, difícilmente llegue a tiempo a su trabajo. Esto puede llevar a la pérdida del empleo, no por falta de capacidad, sino por falta de accesibilidad”, añade. A esto se suman otros obstáculos, como la necesidad de contar con un vehículo propio para asistir a rehabilitaciones o consultas médicas, lo que para muchas familias no es un lujo, sino una necesidad básica.

Un derecho en retroceso

Troiano también subraya que, hasta el 2023, la legislación permitía que las personas con discapacidad trabajaran sin perder su pensión, siempre que sus ingresos no superaran un cierto umbral. “Había un reconocimiento de los costos adicionales que enfrentan las personas con discapacidad. Tener un trabajo no debería ser un motivo para perder la pensión, ya que los gastos que enfrentan —como transporte o cuidados— son mucho más elevados que los de una persona sin discapacidad”, explica.

Sin embargo, este avance se ve amenazado por las medidas actuales del gobierno. «Volvimos a las políticas de 1997, donde solo se considera a las personas que no pueden trabajar en absoluto. Es una visión extremadamente limitada y retrógrada. Hoy en día, en Argentina hay más de 5 millones y medio de personas con discapacidad, pero solo un millón trescientas mil reciben pensiones no contributivas. Esto demuestra que no se trata de que las personas con discapacidad ‘pidan pensiones por pedirlas’, sino que realmente las necesitan para poder vivir dignamente», denuncia Troiano.

Un llamado a la defensa de los derechos

Finalmente, Troiano hace un llamado urgente al gobierno para que reconsidere estas políticas, que lejos de promover la inclusión y la autonomía, refuerzan la exclusión social. «Es vital que sigamos defendiendo el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, a vivir de manera independiente y a no ser penalizadas por ello. El camino que habíamos avanzado en las últimas décadas no puede ser desandado», concluye.

La lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina ha sido larga y ardua, y según Gabriela Troiano, las medidas regresivas que se están implementando hoy no hacen más que subestimar las capacidades y necesidades de un sector que sigue luchando por igualdad y justicia.