Moreno – El Concejo aprobó la demolición de búnkers de droga
En un nuevo paso hacia el fortalecimiento de las políticas locales de seguridad y prevención del narcotráfico, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) del Municipio de Moreno aprobó una ordenanza impulsada por el bloque de Unión por la Patria que habilita la demolición de inmuebles vinculados a la venta de drogas. La medida fue tratada y sancionada durante la última sesión ordinaria, en un contexto atravesado por la emergencia en adicciones que rige en el distrito.
La iniciativa forma parte de un marco normativo más amplio que busca dotar al Ejecutivo municipal de mayores herramientas legales para intervenir de manera directa en territorios afectados por el narcotráfico. Hasta el momento, las decisiones de este tipo requerían la intervención de autoridades provinciales o nacionales, limitando la capacidad de acción local.
“Al búnker narco hay que tirarlo abajo”, expresó de forma categórica el concejal oficialista Lucas Franco durante el debate legislativo. “Es necesario para que no vuelva a convertirse en un terreno de disputas. Esto lo saben bien todos nuestros vecinos”, remarcó.
¿Qué contempla la ordenanza?
La normativa aprobada habilita la demolición de edificaciones, ya sean viviendas particulares o locales, cuando estos no garanticen condiciones mínimas de seguridad para sus ocupantes o para terceros. También se procederá a su remoción cuando hayan sido construidos ilegalmente sobre la vía pública. Estas disposiciones se encuentran detalladas en los artículos 40 inciso C y 48 del código urbano local.
Pero más allá del marco legal, el espíritu de la ordenanza es claro: eliminar los espacios físicos que funcionan como focos de violencia y venta de estupefacientes, y evitar que, una vez desarticulados, vuelvan a ser reutilizados para el mismo fin.
Emergencia por adicciones: un contexto que explica la urgencia
La reciente aprobación de esta ordenanza se da en el marco de la emergencia por adicciones declarada por el municipio en septiembre de 2024, una medida que refleja la creciente preocupación por el aumento del consumo problemático en la región. La ordenanza fue impulsada por la Subsecretaría de Casa Pueblo y diversas organizaciones comunitarias que trabajan en la prevención y el acompañamiento de personas en situación de consumo.
La declaración de emergencia tiene vigencia hasta 2027 e incluye una batería de medidas para garantizar el acceso prioritario a la salud, la movilidad para tratamientos ambulatorios, la reinserción laboral y la continuidad educativa de quienes se encuentran en recuperación.
Entre los beneficios concretos se destaca la entrega de pases para transporte público a personas en tratamiento, la posibilidad de ser derivados a otras especialidades médicas, y la articulación con programas del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) para el acceso a capacitaciones laborales y actividades recreativas.
Un enfoque integral
La estrategia del gobierno local, con el acompañamiento del Concejo, combina una mirada punitiva frente a las estructuras delictivas que alimentan el narcotráfico con un enfoque humanitario orientado a la salud, la inclusión y el acompañamiento de quienes luchan contra las adicciones.
La demolición de búnkers no es, en este sentido, un acto aislado, sino parte de una política integral que apunta a recuperar el tejido social de los barrios más golpeados por la violencia y la exclusión. Con estas decisiones, Moreno intenta escribir una nueva página en la compleja historia de su lucha contra las drogas.
